Las personas que se encuentran privadas de su libertad en las prisiones dejan de tener algunos de sus derechos como ciudadanos, pero nunca pierden sus derechos humanos, y entre los más importantes de éstos está el derecho a la salud.
Al ser espacios confinados y con gran cantidad de ocupantes, las prisiones son lugares donde hay un importante número de casos de VIH, hepatitis C y tuberculosis. El Programa Conjunto de las Naciones Unidas sobre el VIH/sida (ONUSIDA) estima que el 4.2% de las personas encarceladas en todo el mundo vive con VIH. Datos de otras investigaciones calculan que 15.1% de esa población tiene hepatitis C y 2.8% tendría tuberculosis activa.
Sin importar el motivo por el que alguien se encuentre en prisión, se trata de instituciones públicas, por lo que deberían tener planes de atención de los problemas de salud como los mencionados, los cuales, además, pueden diseminarse fácilmente dentro de sus instalaciones. En el caso de la tuberculosis, se contagia fácilmente a través del aire, mientras que la hepatitis C y el VIH comparten vías de transmisión, ya sea por las relaciones sexuales entre reclusos o por el uso de drogas inyectables (aunque ambas cosas suelen estar prohibidas en las cárceles).
La atención es insuficiente
Por lo general, las cárceles son espacios ignorados por los programas de VIH de los gobiernos, por lo que la prevención, el tratamiento y los servicios de salud en general con frecuencia se ven interrumpidos.
No hay que olvidar que las personas en prisión tienen el derecho de recibir atención a la salud con la misma calidad que la población general, sin discriminación. Sin embargo, ONUSIDA ha documentado que las acciones relacionadas con la atención del VIH son insuficientes.
Por ejemplo, sólo 6 de 104 países consultados cuentan con programas de intercambio de jeringas (usadas por nuevas) para usuarios de drogas en al menos una cárcel, y sólo 37 de 99 países tienen condones y lubricantes disponibles en al menos algunas prisiones.
Afortunadamente, hay otras políticas de atención que sí están contempladas por los gobiernos. De 105 países, 78 tienen disponible la prueba de detección de VIH en cualquier momento desde que se detiene a una persona, mientras que 104 de 105 países investigados tienen el tratamiento antirretroviral disponible para todos los reclusos.
Algunas metas por alcanzar
Cada cierto tiempo, ONUSIDA hace un llamado a los países miembros de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) para trazar metas que lleven al fin de la pandemia de VIH. Estos objetivos se centran en combatir las desigualdades y carencias que afectan a las poblaciones más vulnerables ante la infección, y las personas privadas de la libertad son uno de estos grupos.
Así, entre las metas sobre VIH y sida planteadas para cumplirse en 2025, se encuentran:
- Que el 95% de la población carcelaria conozca su estatus respecto al VIH, que el 95% de quienes sean positivos estén bajo tratamiento y que el 95% de estos últimos tenga una carga viral indetectable (una cantidad de VIH en la sangre tan baja que los estudios no la registran).
- Que el 90% de mujeres y hombres encarcelados hayan usado condón en su última relación sexual con una pareja no estable.
- Que el 90% de la población encarcelada que se inyecta drogas haya usado jeringas estériles en su última inyección.
- Que el 100% de quienes están en prisión tengan un acceso regular a un sistema de salud apropiado o a servicios proporcionados por la comunidad (es decir, por las organizaciones civiles).
Estas metas son muy parecidas a las que se formularon para la población general, haciendo énfasis en que las personas privadas de su libertad conservan sus derechos humanos como el resto de las personas.
Recuerda que el primer paso para poner fin a la pandemia de VIH es conocer tu estatus y, en su caso, comenzar tu tratamiento. Si quieres hacerte una prueba de VIH gratis, acércate a AHF República Dominicana, donde las realizamos con un procedimiento sencillo, confidencial y en minutos. Ubica tu centro de atención más cercano."
